De mafia califican trabajadores y turistas de los muelles del sur de Cozumel a la colecta de propinas y objetos que realizan menores de edad en esa zona sin que las autoridades intervengan para erradicar este fenómeno.

De acuerdo con datos proporcionados por el director del Sistema DIF de la isla, solo se puede actuar si existe denuncia directa, ya que así lo marca el protocolo.

"No somos autoridad para retirarlos de las calles", argumenta Raúl Martín Ceh Fernández.

Como ya se ha informado en este medio de comunicación, niños y adolescentes son utilizados por adultos para pedir propinas en las zonas turísticas de Cozumel.

Los infantes son adiestrados para pedir propinas para comprar alimentos, pero las solicitudes alcanzan el calzado, ropa, gorras y accesorios que pudieran portar los turistas.

Cuando los consiguen, en realidad son los adultos que los manejan, se benefician y se quedan con el producto de lo obtenido, sobre todo si se trata de dinero.

Entrevistado sobre el tema, el funcionario responsable del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), justificó que el DIF no puede actuar si no media una denuncia de por medio ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE), o bien, mediante una llamada al 911.

Ceh Fernández recalcó que esta denuncia pueden hacerlo cualquier persona y una vez que la FGE autorice o solicite la anteversión del DIF si se presume que se están vulnerando los derechos de los niños, entonces se procede en consecuencia.

Si esto no se hace, si no se cumple con esta normativa, cualquier funcionario del DIF puede ser sujeto a un proceso legal, multa y hasta el delito de sustracción de menores.

Se les ha ofrecido apoyo alimentario, empleos y capacitación, pero se han negado argumentando que no radican en la isla y que solo viajan para pedir apoyos de manera esporádica.

No existe, de acuerdo con declaraciones el director del DIF, una mesa especial que se dedique a la solución este fenómeno por lo que ya ha solicitado que sea creada y conformado por representantes del DIF, Seguridad Pública, Turismo, el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), FGE, el Grupo Especializado de Atención a la Violencia Familiar y de Género (Geavig) y la Secretaría General del Ayuntamiento, por mencionar lo más importantes.

“No hay que perder de vista que tenemos que actuar dentro del marco legal y no incurrir en abuso de autoridad”, remató.